El año pasado leí un reportaje del acoso virtual, en él deban señales de un importante vacío que existía en la legislación y de las graves consecuencias que ello estaba trayendo a muchísimos jóvenes, algunos de los cuales incluso habían llegado a quitarse la vida.  Como legisladora, ello me llevó a preocuparme y tratar de solucionar, lo antes posible, los problemas que ahí se presentaban.

En ese momento supe de la existencia del acoso virtual de menores, conocido popularmente como grooming, para cuyos autores no había sanción alguna.  Se trata de adultos que, haciéndose pasar por menores, engañan a nuestros niños con el objeto de obtener de ellos imágenes donde se los muestra desnudos y en actitudes que no son propias de su edad.

Ante esta realidad, me reuní con miembros de la Brigada del Cibercrimen, específicamente el Comisario Jaime Jara, el Subcomisario Esteban Maldonado y el detective Roberto Arriagada en varias oportunidades para que me contaran de qué tipo de acciones estábamos hablando en la realidad y cuál era la forma más efectiva de abordarlas en la legislación, para que los actos no quedaran impunes.

Finalmente, en conjunto con los funcionarios de investigaciones y gracias a sus sugerencias, pudimos elaborar un proyecto de ley que recogiera, de la mejor forma posible, todas aquellas normas que eran necesarias para solucionar los problemas que constatamos.  Ese proyecto fue ingresado a tramitación durante la primera semana de marzo de este año, al inicio del nuevo periodo legislativo.Sin perjuicio que el tema ya era de trascendencia nacional y que existía constancia de que había que actuar rápidamente, el Ejecutivo nunca le dio urgencia al proyecto, por lo que me vi en la necesidad de tomar un rumbo distinto.

Es así como le di mi apoyo a la moción que estamos estudiando ahora, de contenido muy parecido a la que presenté en marzo.  Sin embargo, al ser este proyecto de autoría transversal entre los diputados, tenía muchísimas más opciones de ser tramitado rápidamente y contar con el apoyo de un mayor número de parlamentarios.  Esta era la mejor forma de conseguir que efectivamente se consagrara en la legislación la sanción para estos delincuentes, que cada vez se hace más necesaria.

En la práctica, el problema se refiere a mayores de edad que ingresan a salones de chat dirigidos a sus grupos objetivo (niños, niñas, diferenciados por edad, etc.), donde se hacen pasar por menores, logrando la confianza con algunos y consiguiendo finalmente la comunicación virtual privada entre ambos.  Es en esa instancia posterior donde esta persona, que se hace pasar por un menor, consigue la obtención de imágenes del menor real y le insta a realizar actos sexuales o con connotación sexual.  Estas imágenes son almacenadas por él y subidas a la red para compartirlas o bien venderlas a otros.

Otra forma de utilización de las imágenes por parte del seductor, además de su distribución o comercialización, es para extorsionar al menor para que acceda a juntarse con él o bien a seguir con los actos sexuales a través de la red.  De no acceder el menor, el delincuente hace públicas las imágenes a través de sitios públicos o las distribuye a los conocidos del menor a través de correos electrónicos.

Se trata, entonces, de una conducta realizada deliberadamente, con la intención de establecer una relación con un menor, cuyo fin último es lograr abuso sexual directo o indirecto.  Es una actividad planeada cuidadosamente y manejada por etapas, donde el abusador crea las condiciones para no ser detectado y llegar gradualmente al momento del acercamiento físico sobre el menor u obtención de objetivos.

En el proyecto que discutimos se busca, fundamentalmente, sancionar a quienes obtienen de un menor de 14 años imágenes o grabaciones de su persona, con significación sexual.  Además, se establece específicamente que cuando la conducta es realizada a distancia, a través de medios electrónicos, ello será igualmente sancionado.

De esta forma, quedan cubiertos los casos de abusos a distancia, en los cuales se obtienen fotos o imágenes de menores donde aparecen desnudos o realizando conductas sexuales a través del chat o del correo electrónico.

Igualmente importante es el aumento de la pena que recibe quien, para cometer el delito, falsea su identidad o edad.  Ello es fundamental ya que esta es una de las técnicas más usadas por los autores de este tipo de delito, ya que, haciéndose pasar por menores es que obtienen la confianza de sus víctimas. 

Sin perjuicio de esta norma especial para los menores de 14 años, cuando la víctima es un mayor de 14 pero menor de 18 igualmente se sanciona al autor, pero en los casos donde hay además amenazas, uso de la fuerza o abusos.

Finalmente, se sanciona la producción de material pornográfico incluso cuando se hubieren utilizado indirectamente menores de 18 años y toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, alterada o modificada, con fines sexuales.   Esto es de mucha importancia, fundamentalmente por dos razones. 

Muchas veces los menores no son usados de forma directa en la producción de material pornográfico y en esos caso no hay sanción, lo que no parece adecuado, ya que la pornografía infantil constituye una especie de “adicción” en quienes la consumen, llevándolos a requerir cada vez más imágenes, reales o no, y eventualmente, involucrarse con menores, con los conocidos daños que ello ocasiona en esos niños.  Es imprescindible establecer todos los frenos necesarios para que dichas conductas no sean realizadas y cuidar a nuestros niños de quienes quieren abusar de ellos.

En definitiva, por el bien de nuestros niños y jóvenes, necesitamos normas como éstas, que nos lleven a poner freno en cada uno de los espacios que quedan sin cubrir y de los cuales se aprovechan personas sin criterio ni moral, para abusar de ellos.  Ellos son nuestro bien más preciado y es por eso que no podemos escatimar en esfuerzos para protegerlos.

La importancia de la LGE refleja un marco básico para el desarrollo de la Educación. Mientras que las reformas introducidas en los años 80 consolidaron un acceso a la educación para todos, y en materia de cobertura, permitieron extender la educación básica y media a niveles históricos, el desafío al que nos enfrentamos hoy es otro: la calidad de la educación.

Es fundamental, para lograr este acuerdo, que se implemente un instrumento determinante: el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, que permitirá, entre otras cosas, evaluar los resultados de los colegios, apoyarlos y clasificarlos según esos resultados. Eventualmente, una Escuela con malos resultados permanentes, que incumpla los requisitos legales y que no les entregue una educación de calidad a los estudiantes, sencillamente, dejará de funcionar y no tendrá el reconocimiento ni el aporte financiero del Estado.

Sin duda, faltan otros aspectos (Estatuto Docente, Educación Municipal, Financiamiento), pero nadie puede decir que no es un avance.

Entre los principios que subyacen el Acuerdo está la libertad de enseñanza, la calidad y la autonomía. Si bien ésta tiene su contraparte en la adecuada rendición de cuentas que deben llevar los establecimientos de las platas públicas, la fiscalización y transparencia, debe versar sobre los estándares de aprendizaje, los resultados en la clasificación de calidad y la rendición de los recursos, asegurando el derecho de los padres a escoger libremente el mejor establecimiento para sus hijos.

Los principales logros radican en que se distinguen claramente los entes institucionales que compondrán el sistema educativo: Ministerio de Educación, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, Superintendencia de Educación y Consejo Nacional de Educación. Paralelamente se determinan los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, distinguiendo entre alumnos, apoderados, profesores, asistentes de la educación, directivos y sostenedores. Ello permitirá exigir las responsabilidades que correspondan y asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos para los distintos niveles educativos.

Mediante esta institucionalidad se establecen normas claras y precisas que permitirán potenciar la calidad de la educación. Este sistema, concentrará las funciones de diagnóstico y evaluación de los establecimientos, promoviendo una justa medición de los resultados conforme a los niveles de aprendizajes y asimismo, velando por un lado, por la autonomía de los establecimientos exitosos, y por otra, por la inexistencia de escuelas que no cumplan con los estándares mínimos de calidad.

Fundamentalmente, valora la autonomía como un requisito fundamental para la calidad de la educación. Se preserva este valor, a través de la creación de un Banco de Programas, complementario a los del Ministerio, que permita a las escuelas acceder e imitar las buenas experiencias de otros establecimientos. Asimismo, se permite un tiempo de libre disposición para que las unidades educativas puedan profundizar ciertas materias y agregar conocimientos específicos que identifican a cada proyecto educativo.

En materia de selección se sistematizan las normas que la regulan a partir de sexto básico, para permitir una adecuada orientación de las unidades educativas y evitando, las prácticas discriminatorias que pudieran presentarse, mediante procedimientos transparentes y objetivos. Se incorpora el requisito fundamental del proyecto educativo como eje estructurador de la misión propia de cada escuela.

El Consejo Nacional de Educación reemplaza el actual Consejo Superior, incorporando miembros de excelencia y alta calificación que permitan sustentar las políticas de largo plazo que requiere la educación, evitando someterla a los vaivenes electorales. Las funciones del Consejo serán determinantes en la aprobación de las bases curriculares y en la potenciación de los proyectos y programas de las unidades educativas.

Finalmente, la libertad de enseñanza, principio fundamental establecido por nuestra educación, y la responsabilidad que tiene el Estado de desarrollar y proveer un sistema de educación de excelencia, son posibles en la medida en que la educación sea provista tanto por actores públicos y privados, reconociendo el aporte que este último sector ha brindado a la educación chilena. Para resguardar el adecuado ejercicio de esta libertad, el proyecto refuerza la fiscalización mínima necesaria para que esta se ejerza y potencia la proliferación de los proyectos educativos autónomos de estas escuelas.

Hace más de una semana celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, los objetivos de aquella celebración era darle una cara humana a los temas ambientales y, sobretodo, motivar a que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo y proyección medioambiental. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes y hoy es necesario fomentar la cooperación, ya que finalmente ésta garantizará que todas personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.

Para alcanzar la sustentabilidad del medio ambiente es fundamental que los recursos naturales se utilicen de forma inteligente y que se protejan los ecosistemas de los que depende nuestra supervivencia. No obstante, con los modelos actuales de consumo y la mala utilización de los recursos la reciente señalada sustentabilidad no podrá lograrse. Los suelos se están degradando a un ritmo alarmante, las especies vegetales y animales están desapareciendo.

En este sentido, la ONU recomienda “incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente”.

Nada de esto se puede concretar si el Gobierno no deja de lado la indiferencia que ha demostrado tener en materia ambiental. Es urgente que el Gobierno subsane los vacíos jurídicos que existen actualmente y que han propiciado una serie de crisis ambientales.

El Estado hoy tiene una deuda ambiental con la sociedad y, en este sentido, me hago parte de las exigencias de muchos para que realicen un trabajo más dinámico y eficiente en la tarea de proteger el medio ambiente.

Es posible que hoy no suceda nada que ponga en riesgo nuestra existencia. Pero no tengo dudas, que las consecuencias en la falta de compromiso y de espacios para trabajar sobre esta materia tendrán en el futuro efectos inconcebibles. La contaminación del aire, así como de los ríos, lagos y mares, tarde o temprano nos va a pasar la cuenta y es deber del estado evitarlo y tarea de todos contribuir a ello.

Claudia Nogueira

Durante las últimas semanas hemos estado trabajando Propuestas con un solo fin: Mejorar el Transantiago. Lamentablemente, el Ministro Cortázar se ha tenido que convertir en un especialista del malabarismo financiero desviando su energía y dedicación, y descuidando por tanto su principal obligación, esto es, tener un transporte digno y eficiente para la ciudad de Santiago.

El Proyecto de Ley que hoy se discute en la Cámara de Diputados sólo hace una cosa: pedir plata y no se compromete con soluciones y metas concretas. Sin duda el Transantiago ha mejorado, pero sólo si lo comparamos con el desastre del 10 de Febrero del 2007, fecha en que se le puso en marcha. Lo que si no se hubiera logrado estaríamos enfrentados a protestas multitudinarias en las calles.

Claro que lo que hoy no se percibe es la frustración y el sentimiento de humillación de miles de chilenos a los que se les cambió de un día para otro brutalmente su calidad de vida y esa es la realidad con la que tienen que convivir diariamente.

Yo quiero volver a insistir en un asunto fundamental: el gran problema del Transantiago es la cobertura y el diseño de los recorridos. Falta incluir más a la ciudadanía, falta recoger la experiencia de 30 años que tenían los micreros antiguos. La gran causa del desastre, fue que se hicieron mapas y rutas en las oficinas de los técnicos y lejos de la gente: eso no solo tiene que cambiar sino que con mayor rapidez y eficiencia.

La malla de recorridos tiene que responder a las necesidades de los usuarios y eliminar la lógica perversa de obligar a los usuarios a acomodarse a la malla.
En estas propuestas hay varias medidas que inducen a tener una operación más flexible e incentivos para que el sistema funcione mejor.

Otro aspecto fundamental es la frecuencia del servicio. Si uno recorre vastas zonas de la capital, y en particular, la zona de Independencia y Recoleta que yo represento, podrá observar las largas filas de personas que esperan por locomoción. Y esto, no sólo ocurre en las horas de mayor demanda sino que también, en las horas “valle” lo que se agudiza aun más en la noche y los fines de semana. Ello pasa porque el sistema no funciona adecuadamente. Aún cuando tenemos casi la misma cantidad de buses que antes, estos no operan coordinadamente y los recorridos no están ajustados de manera correcta. Para ello, creemos fundamental la existencia de índices objetivos que midan las frecuencias y las esperas de los usuarios en los paraderos. Pero que midan TODAS, las frecuencias y TODOS los paraderos, y no sólo los que determinen el Ministerio de Transporte.