El año pasado leí un reportaje del acoso virtual, en él deban señales de un importante vacío que existía en la legislación y de las graves consecuencias que ello estaba trayendo a muchísimos jóvenes, algunos de los cuales incluso habían llegado a quitarse la vida.  Como legisladora, ello me llevó a preocuparme y tratar de solucionar, lo antes posible, los problemas que ahí se presentaban.

En ese momento supe de la existencia del acoso virtual de menores, conocido popularmente como grooming, para cuyos autores no había sanción alguna.  Se trata de adultos que, haciéndose pasar por menores, engañan a nuestros niños con el objeto de obtener de ellos imágenes donde se los muestra desnudos y en actitudes que no son propias de su edad.

Ante esta realidad, me reuní con miembros de la Brigada del Cibercrimen, específicamente el Comisario Jaime Jara, el Subcomisario Esteban Maldonado y el detective Roberto Arriagada en varias oportunidades para que me contaran de qué tipo de acciones estábamos hablando en la realidad y cuál era la forma más efectiva de abordarlas en la legislación, para que los actos no quedaran impunes.

Finalmente, en conjunto con los funcionarios de investigaciones y gracias a sus sugerencias, pudimos elaborar un proyecto de ley que recogiera, de la mejor forma posible, todas aquellas normas que eran necesarias para solucionar los problemas que constatamos.  Ese proyecto fue ingresado a tramitación durante la primera semana de marzo de este año, al inicio del nuevo periodo legislativo.Sin perjuicio que el tema ya era de trascendencia nacional y que existía constancia de que había que actuar rápidamente, el Ejecutivo nunca le dio urgencia al proyecto, por lo que me vi en la necesidad de tomar un rumbo distinto.

Es así como le di mi apoyo a la moción que estamos estudiando ahora, de contenido muy parecido a la que presenté en marzo.  Sin embargo, al ser este proyecto de autoría transversal entre los diputados, tenía muchísimas más opciones de ser tramitado rápidamente y contar con el apoyo de un mayor número de parlamentarios.  Esta era la mejor forma de conseguir que efectivamente se consagrara en la legislación la sanción para estos delincuentes, que cada vez se hace más necesaria.

En la práctica, el problema se refiere a mayores de edad que ingresan a salones de chat dirigidos a sus grupos objetivo (niños, niñas, diferenciados por edad, etc.), donde se hacen pasar por menores, logrando la confianza con algunos y consiguiendo finalmente la comunicación virtual privada entre ambos.  Es en esa instancia posterior donde esta persona, que se hace pasar por un menor, consigue la obtención de imágenes del menor real y le insta a realizar actos sexuales o con connotación sexual.  Estas imágenes son almacenadas por él y subidas a la red para compartirlas o bien venderlas a otros.

Otra forma de utilización de las imágenes por parte del seductor, además de su distribución o comercialización, es para extorsionar al menor para que acceda a juntarse con él o bien a seguir con los actos sexuales a través de la red.  De no acceder el menor, el delincuente hace públicas las imágenes a través de sitios públicos o las distribuye a los conocidos del menor a través de correos electrónicos.

Se trata, entonces, de una conducta realizada deliberadamente, con la intención de establecer una relación con un menor, cuyo fin último es lograr abuso sexual directo o indirecto.  Es una actividad planeada cuidadosamente y manejada por etapas, donde el abusador crea las condiciones para no ser detectado y llegar gradualmente al momento del acercamiento físico sobre el menor u obtención de objetivos.

En el proyecto que discutimos se busca, fundamentalmente, sancionar a quienes obtienen de un menor de 14 años imágenes o grabaciones de su persona, con significación sexual.  Además, se establece específicamente que cuando la conducta es realizada a distancia, a través de medios electrónicos, ello será igualmente sancionado.

De esta forma, quedan cubiertos los casos de abusos a distancia, en los cuales se obtienen fotos o imágenes de menores donde aparecen desnudos o realizando conductas sexuales a través del chat o del correo electrónico.

Igualmente importante es el aumento de la pena que recibe quien, para cometer el delito, falsea su identidad o edad.  Ello es fundamental ya que esta es una de las técnicas más usadas por los autores de este tipo de delito, ya que, haciéndose pasar por menores es que obtienen la confianza de sus víctimas. 

Sin perjuicio de esta norma especial para los menores de 14 años, cuando la víctima es un mayor de 14 pero menor de 18 igualmente se sanciona al autor, pero en los casos donde hay además amenazas, uso de la fuerza o abusos.

Finalmente, se sanciona la producción de material pornográfico incluso cuando se hubieren utilizado indirectamente menores de 18 años y toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, alterada o modificada, con fines sexuales.   Esto es de mucha importancia, fundamentalmente por dos razones. 

Muchas veces los menores no son usados de forma directa en la producción de material pornográfico y en esos caso no hay sanción, lo que no parece adecuado, ya que la pornografía infantil constituye una especie de “adicción” en quienes la consumen, llevándolos a requerir cada vez más imágenes, reales o no, y eventualmente, involucrarse con menores, con los conocidos daños que ello ocasiona en esos niños.  Es imprescindible establecer todos los frenos necesarios para que dichas conductas no sean realizadas y cuidar a nuestros niños de quienes quieren abusar de ellos.

En definitiva, por el bien de nuestros niños y jóvenes, necesitamos normas como éstas, que nos lleven a poner freno en cada uno de los espacios que quedan sin cubrir y de los cuales se aprovechan personas sin criterio ni moral, para abusar de ellos.  Ellos son nuestro bien más preciado y es por eso que no podemos escatimar en esfuerzos para protegerlos.