La importancia de la LGE refleja un marco básico para el desarrollo de la Educación. Mientras que las reformas introducidas en los años 80 consolidaron un acceso a la educación para todos, y en materia de cobertura, permitieron extender la educación básica y media a niveles históricos, el desafío al que nos enfrentamos hoy es otro: la calidad de la educación.
Es fundamental, para lograr este acuerdo, que se implemente un instrumento determinante: el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, que permitirá, entre otras cosas, evaluar los resultados de los colegios, apoyarlos y clasificarlos según esos resultados. Eventualmente, una Escuela con malos resultados permanentes, que incumpla los requisitos legales y que no les entregue una educación de calidad a los estudiantes, sencillamente, dejará de funcionar y no tendrá el reconocimiento ni el aporte financiero del Estado.
Sin duda, faltan otros aspectos (Estatuto Docente, Educación Municipal, Financiamiento), pero nadie puede decir que no es un avance.
Entre los principios que subyacen el Acuerdo está la libertad de enseñanza, la calidad y la autonomía. Si bien ésta tiene su contraparte en la adecuada rendición de cuentas que deben llevar los establecimientos de las platas públicas, la fiscalización y transparencia, debe versar sobre los estándares de aprendizaje, los resultados en la clasificación de calidad y la rendición de los recursos, asegurando el derecho de los padres a escoger libremente el mejor establecimiento para sus hijos.
Los principales logros radican en que se distinguen claramente los entes institucionales que compondrán el sistema educativo: Ministerio de Educación, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, Superintendencia de Educación y Consejo Nacional de Educación. Paralelamente se determinan los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, distinguiendo entre alumnos, apoderados, profesores, asistentes de la educación, directivos y sostenedores. Ello permitirá exigir las responsabilidades que correspondan y asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos para los distintos niveles educativos.
Mediante esta institucionalidad se establecen normas claras y precisas que permitirán potenciar la calidad de la educación. Este sistema, concentrará las funciones de diagnóstico y evaluación de los establecimientos, promoviendo una justa medición de los resultados conforme a los niveles de aprendizajes y asimismo, velando por un lado, por la autonomía de los establecimientos exitosos, y por otra, por la inexistencia de escuelas que no cumplan con los estándares mínimos de calidad.
Fundamentalmente, valora la autonomía como un requisito fundamental para la calidad de la educación. Se preserva este valor, a través de la creación de un Banco de Programas, complementario a los del Ministerio, que permita a las escuelas acceder e imitar las buenas experiencias de otros establecimientos. Asimismo, se permite un tiempo de libre disposición para que las unidades educativas puedan profundizar ciertas materias y agregar conocimientos específicos que identifican a cada proyecto educativo.
En materia de selección se sistematizan las normas que la regulan a partir de sexto básico, para permitir una adecuada orientación de las unidades educativas y evitando, las prácticas discriminatorias que pudieran presentarse, mediante procedimientos transparentes y objetivos. Se incorpora el requisito fundamental del proyecto educativo como eje estructurador de la misión propia de cada escuela.
El Consejo Nacional de Educación reemplaza el actual Consejo Superior, incorporando miembros de excelencia y alta calificación que permitan sustentar las políticas de largo plazo que requiere la educación, evitando someterla a los vaivenes electorales. Las funciones del Consejo serán determinantes en la aprobación de las bases curriculares y en la potenciación de los proyectos y programas de las unidades educativas.
Finalmente, la libertad de enseñanza, principio fundamental establecido por nuestra educación, y la responsabilidad que tiene el Estado de desarrollar y proveer un sistema de educación de excelencia, son posibles en la medida en que la educación sea provista tanto por actores públicos y privados, reconociendo el aporte que este último sector ha brindado a la educación chilena. Para resguardar el adecuado ejercicio de esta libertad, el proyecto refuerza la fiscalización mínima necesaria para que esta se ejerza y potencia la proliferación de los proyectos educativos autónomos de estas escuelas.
